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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió dos denuncias de organizaciones colombianas, una sobre la situación de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y la otra sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en juicios penales en su país.

Las denuncias se dan en el marco del 174 período de sesiones de la CIDH que se cumplen esta semana en Quito (Ecuador).

Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), explicó que en la audiencia sobre la situación de las comunidades indígenas del departamento del Cauca se exponen las preocupaciones por los asesinatos de integrantes de los pueblos originarios.

Además de Cajar, la audiencia cuenta con la participación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Del Cauca (ACIN) y de los resguardos de Toribío, Tacueyó, San Francisco y Jambaló.

“En lo que va corrido del año, según Naciones Unidas, han sido asesinados 52 indígenas y en la última semana en el departamento del Cauca fueron asesinadas más de 13 personas, entre ellas más de 10 indígenas”, indicó Gutiérrez a la Agencia Anadolu.

La presidenta de Cajar aseveró que las organizaciones le están solicitando al Estado colombiano, en el marco del período de sesiones, que respete y proteja a las comunidades afectadas por el conflicto que se vive en ese departamento al suroccidente del país.

Para Gutiérrez, la violencia tiene como objetivo debilitar y destruir el proceso organizativo de los pueblos originarios que han prohibido en sus territorios el porte de armas, la presencia de grupos armados y de laboratorios de procesamiento de cultivos de uso ilícito.

“Esto generó una reacción por parte de estas estructuras armadas que ven en esos territorios un botín para sus negocios ilegales”, mencionó la defensora de derechos humanos.

Gutiérrez indicó que la respuesta ante la violencia en Cauca no puede ser la militarización, debido a que las comunidades han dicho que no van a aceptar la llegada masiva de efectivos de las fuerzas armadas a sus territorios, por considerar que se violaría su derecho a la autonomía.

“Más de 8.000 efectivos se encuentran hoy en el Cauca y las comunidades indígenas han señalado su inoperancia, pero también connivencia de agentes y sectores de la fuerza pública con las mafias que se mueven en ese territorio quienes operan en la más absoluta impunidad”, manifestó la líder de Cajar.

Al referirse a la acción que el Estado colombiano debería emprender para enfrentar la violencia, Gutiérrez mencionó que se deben fortalecer las estructuras de gobierno propio de las comunidades y la guardia indígena.

Gutiérrez sostuvo, además, que se le pide al sistema interamericano que inste al gobierno de Iván Duque a que cumpla con el acuerdo de paz, especialmente en lo pactado en sustitución de cultivos de uso ilícito, reforma rural integral y su enfoque étnico.

La presidenta de Cajar expresó también que la Procuraduría en Colombia debería sancionar a funcionarios que “estigmaticen” porque es un comportamiento que pone en riesgo a los indígenas. “El tratar de mostrar hacia la sociedad colombiana que habría responsabilidad de las comunidades en lo que está pasando hoy es justificar el asesinato y eso no lo podemos permitir”, añadió.

La otra audiencia de la CIDH donde Colombia es protagonista aborda la libertad de expresión y el acceso a la información en juicios penales del país. Allí la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pedirá que se garantice el cubrimiento de audiencias judiciales.

“La Fundación ve con mucha preocupación que en Colombia han venido aumentando las barreras impuestas a los medios de comunicación y periodistas para acceder a audiencias públicas en los juicios penales”, indicó la FLIP en una nota de prensa.

La FLIP detalló que, entre 2018 y 2019, ha documentado un total de 21 casos en los que se ha impedido el acceso a audiencias de carácter público en juicios penales. "En estos casos, las conductas de los jueces van desde impedir el acceso a las audiencias, expulsar a los periodistas, e incluso exigirles la eliminación del material audiovisual”, mencionó dicha organización.

Una de las peticiones de la FLIP es que se conforme un grupo de expertos encargado de monitorear la obstrucción por parte de las autoridades judiciales a periodistas y medios de comunicación en Colombia.

La FLIP también solicita que el Estado de Colombia reporte, dentro de seis meses, un plan de acción que debería implementar para cesar las obstrucciones a audiencias judiciales.

Las audiencias en Quito, en el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, se extenderán hasta el próximo jueves.

 

Agencia Anadolu

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