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Después de la polémica generada por las intervenciones que ha hecho la Fiscalía general de la Nación en la Jurisdicción especial para la Paz, JEP, dentro de las investigaciones que realiza contra la directora administrativa del tribunal de paz, Marta Lucía Zamora, y que generó un allanamiento en las instalaciones de la JEP, miembros de la Comisión de Paz y otros congresistas se unieron en un fuerte llamado a organismos nacionales e internacionales.

En la misiva solicitan al Gobierno Nacional, a la ONU y a la Corte Penal Internacional, entrar en defensa de la JEP, por lo que consideran abusos de la Fiscalía, lo cual atenta contra el proceso y conta la imparcialidad que requiere sus actuaciones.

Defienden a la JEP señalando que “su función, que es de rango constitucional, autónoma e independiente, garantiza a los colombianos y especialmente a las víctimas del conflicto armado, la consecución de la verdad que le ha sido negada durante los 50 años de conflicto”.

Cuestionan a la Fiscalía al afirmar que “la actuación de agentes del CTI  de la Fiscalía el día de ayer en la sede de la JEP y la pretensión –incluso- de interrogar a una magistrada de este Alto Tribunal, cruzan los límites de lo aceptable desde la perspectiva constitucional y exigen la intervención del Gobierno Nacional para garantizar la operación de la JEP, su independencia y garantizar así los derechos de las víctimas”. 

En el fuerte llamado declaran abiertamente que “la Fiscalía General de la Nación viene adelantando acciones que atentan contra la autonomía de la JEP y golpean directamente el proceso de paz al afectar su institucionalidad y generar inseguridades jurídicas”.

Ante esto, convocan el respaldo tanto del Gobierno Nacional, la ONU a través de la Misión de Verificación y a la Corte Penal Internacional: “Esa conducta debe ser puesta en conocimiento de todas las instancias de la comunidad internacional que han expresado su apoyo al proceso de paz y, en especial, a la nueva justicia restaurativa. Dichas instancias incluyen por supuesto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que ha reiterado su determinación de observar atentamente el trabajo de la JEP y de todos aquellos factores que puedan impedir su labor contra la impunidad”.

Y concluyen reconociendo la buena voluntad del presidente Iván Duque para respaldar el proceso, por eso lo invitan a unirse a este llamado.

Este es el texto de la carta abierta: 

La Justicia Especial para la Paz fue creada en el marco de un compromiso del Estado para dar término a un conflicto armado de más de medio siglo.  Su función, que es de rango constitucional, autónoma e independiente, garantiza a los colombianos y especialmente a las víctimas del conflicto armado, la consecución de la verdad que le ha sido negada durante los 50 años de conflicto. Pero además esta jurisdicción tiene la delicadísima tarea de adelantar los procesos de investigación y juzgamiento para poder ofrecer toda la justicia posible y recabar toda la verdad necesaria que permita garantizar la no repetición de las violencias.  Cualquier injerencia inconstitucional, intimidación, acoso o deslegitimación de esta entidad, no solamente es flagrantemente violatoria de la ley y de la Constitución, sino que además se asemeja a un hostigamiento no sólo a esa jurisdicción sino al propio proceso de paz. 

La actuación de agentes del CTI de la Fiscalía el día de ayer en la sede de la JEP y la pretensión –incluso- de interrogar a una magistrada de este Alto Tribunal, cruzan los límites de lo aceptable desde la perspectiva constitucional y exigen la intervención del Gobierno Nacional para garantizar la operación de la JEP, su independencia y garantizar así los derechos de las víctimas.  También resultará necesario – y esta Comisión así lo solicita– pedir a la Misión de Verificación de Naciones Unidas que en cumplimiento del mandato que le ha otorgado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su papel de cumplimiento de la verificación de los acuerdos, garantice a su vez, la protección y el respaldo necesario para la operación esta Jurisdicción Especial para la Paz.

La Fiscalía General de la Nación viene adelantando acciones que atentan contra la autonomía de la JEP y golpean directamente el proceso de paz al afectar su institucionalidad y generar inseguridades jurídicas. Esa conducta debe ser puesta en conocimiento de todas las instancias de la comunidad internacional que han expresado su apoyo al proceso de paz y, en especial, a la nueva justicia restaurativa. Dichas instancias incluyen por supuesto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que ha reiterado su determinación de observar atentamente el trabajo de la JEP y de todos aquellos factores que puedan impedir su labor contra la impunidad.

Estamos seguros que el reiterado compromiso del presidente Iván Duque con la implementación de la paz y la impecable y valiosa tarea de la ONU en la preservación de este bien sagrado de Colombia que es la paz, permitirán, no sólo su pronunciamiento, sino su mano protectora sobre esta Jurisdicción Especial para la Paz.

Bogotá, 5 de octubre de 2018

Estos son los firmantes del comunicado: 

 

 

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